25/01/17 CORREO ANDALUCÍA DEJEN QUE EL PUEBLO HABLE


Dejen que el pueblo hable

Los vecinos de diferentes municipios sevillanos han podido tomar parte en la decisión de asuntos que les atañen de manera directa

25/01/2017

De la afirmación «el pueblo es soberano» a la realidad de que este tenga un papel verdaderamente determinante en lo que le concierne en su día a día va un trecho. Las quejas por que la función de la ciudadanía en la vida pública se reduce a votar cada cuatro años son cada vez más patentes, y se reclama una mayor presencia en la toma de decisiones. Por eso, cada vez más entidades locales se apuntan a elaborar algún tipo de mecanismo por el que dar voz a sus vecinos.

A pesar de que la conocida como Ley Montoro les ata de pies y manos en lo que a gestión de inversiones se refiere, ciertos municipios sevillanos han logrado implicar al pueblo –con mayor o menor acierto o repercusión– en asuntos como cuál debe ser la bandera local, dónde se destina el dinero de según qué obras o qué Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es mejor. Algunos de estos mecanismos están en fase embrionaria o tan solo en el pensamiento, pero los hay que se han ejecutado dando buenos resultados, porque son los habitantes, qué duda cabe, quienes realmente conocen sus necesidades.

ASÍ QUIERO QUE SEA MI BANDERA

La bandera, por su carácter representativo, es un elemento que debería ser consensuado por quienes van a aglutinarse bajo la misma. En la mayoría de pueblos, este símbolo existe desde tiempos inmemoriales pero, en 2016, había al menos dos localidades sevillanas que carecían de él. Pedrera y La Puebla de Cazalla, ambas gobernadas por IU, pusieron en marcha el año pasado una consulta popular a través de la que los vecinos acudieron a las urnas para elegir entre varias opciones de banderas. El resultado fue muy «positivo» a tenor de la alta participación registrada.

CONSENSO PARA EVITAR ERRORES PASADOS

Un caso de flagrante pasotismo ante las opiniones de los vecinos ha sido el de la construcción de la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán, donde su edificio a medio hacer tuvo que ser derrumbado después de que la Justicia diera la razón a un colectivo vecinal que denunció el carácter ilegal de la construcción erigida por el Ayuntamiento guzmareño (gobernado entonces por el PSOE), la Junta de Andalucía y la Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe, pues se dio luz verde a la escuela antes de que se realizara una necesaria modificación del PGOU. Para que no se vuelva a repetir, el nuevo Consistorio de IU ha organizado una serie de jornadas participativas que cuentan con expertos en urbanismo y a las que pueden asistir los vecinos, con el objetivo de que entre todos puedan construir «el planeamiento urbanístico que queremos y que la localidad necesita».

LAS OBRAS, MEJOR QUE SEAN AQUÍ

Si ya de por sí suponen una molestia para el que las sufre, qué menos que se hagan las que los afectados quieren. Durante dos meses, el alcalde de El Saucejo, Antonio Barroso (IU), mantuvo encuentros con sus vecinos para recabar propuestas a las que destinar el millón de euros del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), las cuales se eligieron mediante una votación. En Gilena, municipio gobernado por IU y Alternativa X Gilena, también se dio voz a los gilenenses para decidir si se activaban las obras del antiguo PER y qué actuaciones se llevarían a cabo con ellas. La mejora del museo local fue la que logró el consenso de la mayoría de los vecinos. El gobierno socialista de Bormujos, por su parte, puso a disposición de sus habitantes un cuestionario on line para que estos decidieran la prioridad de las obras previstas en materia urbanística en 2017.

¿CUÁNDO LE VIENE MEJOR LA FERIA?

Mucho antes de que la capital hispalense lo hiciera, Tocina y Los Rosales, donde gobierna el PA, ya preguntó a sus vecinos si preferían que la feria, que se celebraba en agosto, se quedase en la misma fecha o se trasladara a otra en la que se pudiera reunir más gente que en un mes eminentemente vacacional. Y así, después de que opinaran el 15 por ciento de los vecinos, las fiestas tocineras se trasladaron al mes de septiembre.

HACIA LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Dos municipios gobernados por independientes, en el caso de Estepa, y por el PSOE, en el caso de Mairena del Aljarafe, pero que están unidos por la aprobación plenaria de poner en marcha presupuestos participativos a lo largo del presente 2017. Aunque están en fase de elaboración, en Mairena aseguran que tendrán una partida asignada de entre 200.000 y 400.000 euros, según el concejal de Gobierno Abierto y Participación, Sergio Toro.

Y DEJAR QUE EL PUEBLO HABLE

Otras localidades, como Bollullos de la Mitación, organizan una serie de encuentros ciudadanos, en los que el gobierno local de IU se desplaza a diferentes zonas del municipio para conocer las inquietudes de los vecinos y analizar su situación.

 

23/01/17 ANDALUCÍA INFORMACIÓN. Instituciones fuera de la ley


Instituciones fuera de la ley

23/01/2017 22:37
Cinco años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenara su demolición en sentencia confirmada  por el Tribunal Supremo se está procediendo al derribo de la Escuela de Hostelería de Castilleja de Guzmán, construida sobre una zona verde por iniciativa de un consorcio formado por el Ayuntamiento, la Mancomunidad del Aljarafe y la Junta, en un   caso similar al de la biblioteca universitaria sobre los jardines del Prado.

En las dos historias han sido los vecinos quienes han defendido la legalidad  y librando con sus  escasos recursos sendas batallas que llegaron hasta el TSJA y el Supremo frente a unas todopoderosas instituciones públicas, que recurrieron a todo tipo de estratagemas para consolidar la vulneración de la ley, con el demagógico argumento de la creación de puestos de trabajo y/o el mantenimiento de la inversión realizada.

En la construcción de la Escuela de Hostelería sobre una zona verde se gastaron casi 3 millones de euros, a los que habrá que sumar 120.000 de la demolición. Un particular que incumpla la normativa se arriesga a todo tipo de sanciones, a pagar de su bolsillo. Con la biblioteca universitaria y la Escuela de Hostelería se han perdido millones de euros de dinero público, de los que ningún catedrático o político ha respondido. Vulnerar la ley desde las instituciones sale gratis a sus infractores y al final siempre pagan los mismos: los ciudadanos.

23/01/17 DIARIO SEVILLA Las auditorías a la carta no existen


Las auditorías a la carta no existen

La Cámara de Cuentas de Andalucía sólo atiende una mínima parte de las peticiones de fiscalización que le llegan de ayuntamientos y nunca en los mismos términos solicitados
 
Trinidad Perdiguero 23 Enero, 2017 - 02:38h
 
Basta repasar los titulares de prensa, sobre todo cuando tras unas elecciones hay un cambio de gobierno en un ayuntamiento, para confirmar que la petición de auditorías se ha convertido en uno de los temas recurrentes en los debates plenarios. Más, desde que la caída de ingresos dejó a muchos municipios maltrechos y sembró de dudas la gestión previa. Los que pueden y quieren optan por consultoras privadas para realizar lo que técnicamente son informes económicos-financieros en colaboración con el personal propio de intervención y secretaría de cada ayuntamiento.
 
Pero es frecuente que esa fiscalización se pida también a la Cámara de Cuentas de Andalucía, poniendo en valor su carácter público -como órgano técnico dependiente del Parlamento andaluz- y su independencia de los alcaldes de turno. Aunque lo cierto es que la mayoría de estos anuncios no va más allá, porque sólo una mínima parte de los informes que se solicitan a la Cámara se realiza y en ningún caso se trata de las auditorías a la carta que se pretenden desde los ayuntamientos.
 
Desde 2012, ha tenido peticiones para auditar 9 municipios,
de los que sólo ha revisado 4
 
Ello se debe a dos motivos. El primero tiene que ver con las propias limitaciones de la Cámara, con unos 70 auditores para unas competencias que abarcan el sector público autonómico, el universitario y el local, compuesto en Andalucía por 771 municipios, ocho diputaciones y 380 organismos autónomos, 442 sociedades mercantiles, 89 mancomunidades y 210 consorcios. Para intentar agilizar el trabajo, desde hace unos dos años, auditores privados colaboran para realizar algunos trabajos de campo en las corporaciones, aunque son los auditores propios los que realizan el trabajo final.
 
No queda otra que aplicar criterios técnicos para seleccionar las peticiones que llegan desde los ayuntamientos o a través del Parlamento de Andalucía, que se unen a los trabajos que la Cámara ya programa por su cuenta. Esos criterios se recogen en un plan estratégico que aprueba periódicamente (el actual va de 2012 a 2017). Por regla general, por ejemplo, se suele auditar el último ejercicio liquidado, no el que se le indica desde los ayuntamientos; y se da prioridad a los municipios que no han enviado sus cuentas en los plazos que prevé la ley. También, a aquellos en los que hay indicios de irregularidad y a las peticiones que llegan a través del pleno del Parlamento andaluz o de la Comisión de Hacienda.
 
En este contexto, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha recibido desde 2012 un total de 14 peticiones de auditorías generales o de aspectos concretos de la gestión de nueve ayuntamientos de la provincia de Sevilla: Morón, Benacazón, San Juan, Alcalá de Guadaíra, Espartinas, Burguillos, Gelves, El Coronil y Villaverde. Pero, según datos facilitados por la propia Cámara, en el mismo periodo sólo se ha auditado a cuatro de ellos, junto a otros que ya tenía previstos en su plan anual. Pero siempre sobre áreas y años concretos de gestión, nunca de forma integral.
 
La mitad de esas peticiones pasaron por el Parlamento de Andalucía, con lo que se supone que tienen prioridad. Pero ni aún así. En septiembre de 2012, por ejemplo, el Parlamento solicitó dos auditorías para el Ayuntamiento de Morón, una "relativa a la comprobación de procedimientos de contratación y ejecución de determinadas obras y servicios de 2007 a 2011" y otra centrada en las cuentas del propio Consistorio y de sus organismos y empresas. El mismo día, el Parlamento aprobó además la fiscalización de la contabilidad municipal de Benacazón y de su empresa Bemusa de 1999 a 2010 y en diciembre de 2012 pidió la "fiscalización integral" de los ejercicios de 2007 a 2012 de los ayuntamientos de San Juan, Alcalá de Guadaíra y Espartinas, y la del Ayuntamiento de Burguillos de los ejercicios 2006-2007.
 
Hubo otras siete peticiones que llegaron directamente a la Cámara de Cuentas de los ayuntamientos. Entre ellas, destaca de nuevo el Ayuntamiento de Morón, que, entre otras cosas, solicitó la fiscalización de la ejecución de las obras del programa Urban. En junio de 2014, el entonces alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, pidió que se auditara la liquidación de la sociedad municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM) y se han solicitado auditorías desde los ayuntamientos de Gelves (julio de 2015); El Coronil (noviembre de 2015); y Villaverde del Río, petición que llegó en marzo de 2016 pero solicitando la fiscalización del año 2011 a 2015.
 
Esta lista contrasta con las auditorías que realmente se han hecho. Según la Cámara de Cuentas, en este periodo se han fiscalizado determinadas áreas del Ayuntamiento de Valencina del ejercicio 2011, dentro del plan de actuaciones de 2013. El informe con los resultados se conoció en 2014. También se ha hecho un informe sobre el Ayuntamiento de Benacazón, pero del ejercicio de 2012, es decir, no se corresponde con la petición hecha a la Cámara. Es lo mismo que ocurre con Burguillos, donde hay otra auditoría en marcha, pero la que se ha terminado se ciñe al ejercicio 2012 y a determinadas áreas. No es la "fiscalización integral" de seis años que se pidió a través del Parlamento. En San Juan, ha fiscalizado determinadas áreas del ejercicio 2013, cuando lo que se pedía era también una actuación integral de cinco años. En el caso de Morón, se han revisado algunas áreas, pero de un sólo presupuesto, 2013.
 
A esta lista se unen también los trabajos que se han hecho sobre el Ayuntamiento de Sevilla, centradas en las transferencias hechas a sus entidades dependientes, y la Diputación de Sevilla. Según la Cámara de Cuentas, en la actualidad tiene procesos de fiscalización en marcha en Espartinas (la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento se incluyó en el plan de actuaciones de 2016); Burguillos, Aguadulce y Dos Hermanas.
 
 

NOTICIAS RELACIONADAS

15/04/14 EUROPA PRESS Cámara de Cuentas apunta que Ayuntamiento de Valencina registra un endeudamiento de casi tres millones en 2011

28/04/13 CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA: INFORME COMPLETO SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE DETERMINADAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA). 2011


NUESTRO COMENTARIO:
 
EL AYUNTAMIENTO DE VALENCINA EN EL PLENO CELEBRADO EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2007 SOLICITÓ A LA CÁMARA QUE FISCALIZASE QUE ES LO QUE SE HABÍA HECHO CON EL DINERO GASTADO DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS DEL PGOU DEL PP-PSIV Y QUE HASTA LA FECHA NO HAN TENIDO RESPUESTA. TODO UN MISTERIO...
 
HAN PASADO MÁS DE  9 AÑOS DESDE QUE EL AYUNTAMIENTO DE VALENCINA EN PLENO SOLICITÓ LA ACTUACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN CON LOS COMPROMISOS URBANÍSTICOS RELACIONADOS CON LA REDACCIÓN DEL PGOU DE VALENCINA Y LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIAS, EMITIENDO EL INFORME QUE SEA DE RIGOR.
 
PUES BIEN, HASTA LA FECHA SEGUIMOS SIN QUE EL ASUNTO SE INVESTIGUE PARA ESCARNIO Y VERGÜENZA DE LAS CIUDADANÍA. DESCONOCEMOS SI HAY O NO PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y/O DELITOS.
 
YA ES HORA DE QUE LAS COSAS SE ACLAREN PARA EL BIEN DE TODOS Y SE EXIJA, SI CORRESPONDE, LAS RESPONSABILIDADES OPORTUNAS.

21/01/17 BOE REAL DECRETO-LEY 1/2017, DE 20 DE ENERO, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSLAS SUELO

Boletín Oficial del Estado

Sábado 21 de enero de 2017

Núm. 18

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

17/01/17 MRN ALJARAFE El TSJA deniega una indemnización millonaria a una constructora por la zona arqueológica de Castilleja de Guzmán


El TSJA deniega una indemnización millonaria a una constructora por la zona arqueológica de Castilleja de Guzmán
 
Una empresa reclamaba 1,76 millones de euros por truncar las administraciones la construcción de un geriátrico proyectado en el entorno del dolmen de Montelirio.

Fernando Barroso/MRN Aljarafe

El rico legado histórico que atesoran los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, habitados durante la Edad del Cobre por un antiguo y primitivo asentamiento humano, no deja de deparar novedades que incluso van más allá de las siempre atractivas investigaciones científicas. En esta ocasión, de hecho, las noticias llegan de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Y es que la sala de lo Contencioso Administrativo de dicha instancia judicial ha emitido una sentencia, resolviendo la impugnación promovida por la entidad mercantil Fomento de la Edificación S.A. (Foedisa), contra los actos del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y la Junta de Andalucía que desestiman su “reclamación indemnizatoria” de más de 1,76 millones de euros, después de que en 2010 unas 779,16 hectáreas de Valencina y Castilleja fuesen declaradas como Zona Arqueológica por sus abundantes vestigios prehistóricos, extremo que truncó el proyecto de construir una residencia para mayores en una parcela adquirida inicialmente por la citada sociedad mercantil.

Según desgrana la sentencia, recogida por MRN Aljarafe, en 2006 Foedisa adquirió por 901.518 euros la parcela bautizada como M3 del plan parcial número cuatro de Castilleja de Guzmán, donde allá por 1998 había sido descubierto el dolmen de Montelirio. Se trata, cabe recordarlo, de un espectacular monumento megalítico caracterizado por un corredor de unos 39 metros de longitud, una cámara principal de 4,75 metros de diámetro y una cámara secundaria de 2,7 metros de diámetro, enterrado bajo un túmulo de 2,75 metros de altura.

Un año después de adquirir los terrenos, marcados por el mencionado hallazgo, Foedisa suscribió “un contrato privado de compraventa” con la sociedad Reciti Mayores, al objeto de traspasarle la titularidad de la finca por algo más de 1,2 millones de euros, “para la construcción de un geriátrico o centro de mayores”. La iniciativa incluso contaba con un “informe favorable” del arquitecto municipal de Castilleja de Guzmán.

DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

No obstante, las excavaciones arqueológicas de carácter preventivo acometidas en el Plan Parcial número cuatro de Castilleja de Guzmán al tratarse de una zona aledaña al dolmen de Montelirio, descubierto como se ha señalado en 1998, desencadenaron el hallazgo de más vestigios históricos que, como bien señala la sentencia del TSJA, “abarcaban desde la Prehistoria hasta la época romana”. La sentencia, al respecto, señala especialmente el hallazgo de “tres nuevos enterramientos de época prehistórica” y “restos” de otras cuatro sepulturas de la misma antigüedad, así como “cimientos de un muro de época romana”.

Dichos descubrimientos, objeto de una intensa controversia en aquellos años, así como otros aspectos relacionados siempre con el rico patrimonio histórico de todo el citado entorno, motivaron que finalmente, el plan parcial número cuatro y por ende su finca M3 fuese incluido en el decreto emitido en 2010 por la Junta de Andalucía, declarando como Zona Arqueológica 779,16 hectáreas de Valencina y Castilleja. La medida implicaba una “protección integral” del entorno que reducía las intervenciones permitidas “únicamente” a las actuaciones destinadas a potenciar los recursos culturales y paisajísticos.

Este extremo, como es natural, motivó que el arquitecto municipal de Castilleja acabase declarando que ya no era “viable” el proyecto de construir un geriátrico en la parcela M3, con lo que Reciti emprendió la “resolución del contrato” de compraventa de los suelos a Foedisa, obteniendo incluso una sentencia que “obligaba” a esta última sociedad mercantil a “devolver las respetivas prestaciones” a Reciti.

“RECLAMACIÓN INDEMNIZATORIA”

Dado el caso, Foedisa promovió una “reclamación indemnizatoria” ante el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y la Junta de Andalucía, solicitando a tales administraciones unos 1,76 millones de euros “más los intereses”, por el “no aprovechamiento de las consecuencias económicas” de la adquisición de la mencionada parcela, impugnando después ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA la desestimación de sus peticiones de indemnización.

La sentencia de la sección tercera de dicha instancia judicial, en ese sentido, desestima el recurso de Foedisa, declarando “ajustado a derecho” el rechazo de tales peticiones de indemnización. Porque aunque la actuación de las administraciones ha ocasionado “daños y perjuicios a Foedisa”, la inclusión de la citada parcela en la declaración de Zona Arqueológica de 2010 con las consiguientes restricciones urbanísticas responde a “un ejercicio razonable de las potestades administrativas”, pues en las prospecciones arqueológicas acometidas en la zona habían sido descubiertos “restos arqueológicos” de valor.

Es más, el TSJA recuerda que Foedisa “conocía desde el principio la probable existencia de restos arqueológicos en su parcela y las cautelas impuestas por el planeamiento urbanístico, así como la necesidad de conservación de los vestigios que pudieran aflorar”, condenando incluso a la empresa a sufragar los costes del litigio judicial.
 
 

17/01/17 AYUNTAMIENTO DE VALENCINA. Tres meses más para acreditar el descargo de la 'tasa de vados' en 2017

Tres meses más para acreditar el descargo de la 'tasa de vados' en 2017

17/01/2017

Un bando de Alcaldía amplía hasta el 31 de marzo el plazo para que los propietarios/as que no utilicen los garajes puedan presentar una declaración responsable cuyo modelo facilita el Ayuntamiento
 
El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, a través de un bando del alcalde Antonio Manuel Suárez, ha ampliado tres meses más el plazo para presentar la declaración responsable que acredite la exención del pago de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local para la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, parada, carga y descarga de mercancías.

Para aplicarse la exención de pago en el año fiscal 2017, el bando de Alcaldía amplía hasta el 31 de marzo el plazo para presentar la declaración responsable en el registro del Ayuntamiento a pesar de que la ordenanza reguladora fijaba la fecha límite en el 31 de diciembre de 2016. El objetivo es facilitar quetodos los vecinos y vecinas que cumplan los requisitos puedan acogerse a la exención del pago que permite la normativa.

Mediante la declaración responsable se hace constar que las instalaciones de entrada de vehículos de un inmueble determinado no se utilizanpara tal efecto, quedandocon este documento no sujetas a la tasa por ocupación privativa del acerado para entrada de vehículos en el año fiscal 2017.

Esta declaración responsable deberá presentarse por Registro de entrada municipal o a través de Sede Electrónica mediante el modelo que está a disposición de los vecinos y vecinas en ventanilla del Ayuntamiento y en la página web.

Por otro lado, la ordenanza regulada bajó la cuota anual baja a 5 euros por la entrada de vehículos a través de la acera. La licencia de reserva de espacio tiene una tasa anual de 10 euros y la expedición de la placa física para este último caso es de 30 euros. La ordenanza contempla otras tasas en los casos de locales con capacidad hasta 5, 10 o más plazas.


16/01/17 BOP SEVILLA VALENCINA. Aprobado inicialmente el proyec­to de implantación y prestación del Servicio Público Local de Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo, y la Ordenanza reguladora del mismo


Boletín Oficial de la provincia de Sevilla

Número 11

Página Nº 14

Lunes 16 de enero de 2017

 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

 

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

 

Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria del día 15 de diciembre de 2016, aprobó inicialmente el proyec­to de implantación y prestación del Servicio Público Local de Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo, y la Ordenanza reguladora del mismo, así como la documentación complementaria anexa.

 

Se somete a información pública dicho expediente por plazo de treinta días hábiles, anunciándose en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, a efectos de que por los particulares y entidades, puedan formular las observaciones que estimen pertinentes.

 

Si transcurrido el periodo de información pública no se hubieran presentado alegaciones o reclamaciones al expediente, y a la vista del informe favorable de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo sin necesidad de su posterior aprobación por el Ayuntamiento-Pleno.

 

En Valencina de la Concepción a 30 de diciembre de 2016.—El Alcalde-Presidente, Antonio Manuel Suárez Sánchez.

 


 

13/01/17 DIARIO SEVILLA CASTILLEJA DE GUZMÁN. TRES MILLONES DE EUROS PÚBLICOS CONVERTIDOS EN ESCOMBROS