"Actuación de oficio" de Maeztu por el papel de las administraciones en la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán
EUROPA PRESS, SEVILLA
04/04/2015
Pide
información sobre los motivos por los cuales no fue anulada la licencia de
obras concedida para su construcción
La
Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha incoado
una actuación "de oficio" sobre el papel jugado por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Castilleja de
Guzmán (Sevilla), gobernado por Carmelo Ceba (PSOE), al "intentar
enmendar" la "ilegalidad" derivada de la construcción de la
escuela de hostelería, toda vez que en 2014 el Tribunal Supremo (TS) confirmó
una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordena
demoler el edificio.
El
conflicto deriva del recurso de un colectivo de vecinos de dicho municipio
contra la aprobación definitiva, en 2009, de una modificación del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) de Castilleja en lo referente a la ordenación y
nueva delimitación de las parcelas de espacios libres y equipamientos ubicadas
entre las calles Álvarez Quintero y Gustavo Adolfo Bécquer.
Según
el fallo del TSJA, ratificado en 2014 por el Tribunal Supremo, esta
modificación del planeamiento urbano tenía como destino no los "intereses
generales, sino intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el
propio Ayuntamiento", en lo que se refiere a la reordenación en la que se
encuadraba el proyecto de escuela de hostelería, dado que los trabajos estaban
ya en marcha cuando prosperó la modificación del planeamiento.
Y es
que los 16.012
metros cuadrados dedicados a la escuela de hostelería,
según la modificación de las normas subsidiarias de Castilleja aprobada en
2001, estaban inicialmente declarados espacios libres y se permitía sólo la
construcción de instalaciones "al aire libre", quioscos, bares o
equipamientos culturales al aire libre.
"ACTUACIÓN DE ILEGALIDAD"
"Los
referidos antecedentes son determinantes de que la modificación no obedeció a
la búsqueda de los intereses generales, sino a intentar enmendar una actuación
de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento", señalaba el fallo del
TSJA confirmado por el Supremo en una sentencia recogida por Europa Press.
Asimismo,
la sentencia del Supremo recogía que la modificación urbanística en cuestión
"no puede encontrar amparo jurídico" porque "no perseguía una
finalidad racional de satisfacción de intereses generales (...), sino intentar
legalizar una actuación urbanística". "En la parcela se infringió el
orden jurídico urbanístico con la construcción realizada antes de la
modificación del plan general" y "con la modificación no puede
encontrar cobijo la actuación pues la finalidad de la modificación ha sido
espuria", señala.
Con
esta sentencia sobre la mesa, el TSJA requirió a la Junta de Andalucía y al
Ayuntamiento que informasen sobre qué actuaciones y resoluciones habían
adoptado para demoler el edificio en cuestión, tras lo cual la Oficina del
Defensor del Pueblo Andaluz, según la información recogida por Europa Press,
decidió incoar una actuación "de oficio" sobre el papel jugado por
las administraciones en este asunto.
EL PAPEL DE LA JUNTA
Y es
que el departamento de Maeztu recuerda que conforme a una queja promovida por
el colectivo de vecinos protagonistas de la denuncia, la Dirección General de
Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, de la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio, informó a la Oficina del Defensor del
Pueblo Andaluz que en 2009 había remitido "un nuevo escrito al
Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, en el que le solicitaba la remisión de
las resoluciones que se adoptaran en el procedimiento de revisión (urbanística)
iniciado".
Esta
dirección general de la Junta de Andalucía, en ese sentido, solicitaba al
Ayuntamiento "la nulidad" de la licencia de obras concedida para
levantar la escuela de hostelería, reclamando además la suspensión de la citada
revisión del planeamiento urbano.
Por
eso, el departamento de Maeztu muestra su "sorpresa", ya que "en
lugar de haber hecho un seguimiento de la resolución adoptada por la dirección
general y adoptar las medidas oportunas para exigir su cumplimiento, se puede
leer en los medios de comunicación que la Consejería lo que hizo fue aprobar la
modificación del planeamiento urbano para enmendar una actuación de ilegalidad
provocada por el propio Ayuntamiento".
Así,
la oficina de Maeztu pide informes tanto a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, como al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, para
aclarar "los motivos por los que no se realizó un seguimiento de la
resolución adoptada para su ejecución y se aprobó la modificación del
planeamiento en un intento de legalizar la actuación en vez de instruir la
anulación de oficio de la licencia otorgada". Además, demanda también
saber "si se van a iniciar actuaciones para determinar si se ha incurrido
en responsabilidad por parte de las autoridades o funcionarios".
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