El Supremo confirma el derribo de la Escuela de Hostelería de Castilleja de Guzmán.
El alcalde bordea el desacato e inicia otro intento para su legalización modificando de nuevo el planeamiento, la vía que el Supremo ha desautorizado
Podría ser acusado de prevaricación, junto a los concejales que le secunden
31-10-2014 Comunicado de las Asociaciones: ADTA , Los Dólmenes , Valencina Habitable , Ateneo de Valencina y Asociación Forestier de Castilleja de Guzmán
El
Tribunal Supremo ha confirmado la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de 2012 , por la que se estima que debe
procederse a la demolición de la ilegalmente construida Escuela de Hostelería
de Castilleja de Guzmán, por ubicarse en zona verde. La sentencia culmina una
larga lucha de los vecinos por defender la legalidad urbanística.
El alcalde Carmelo
Ceba, ya ha anunciado que intentará que se legalice la Escuela mediante la
aprobación definitiva del PGOU, que fué enviado a la Junta de Andalucía hace
casi un año. Laa Junta de Andalucía deberá devolver el documento al
Ayuntamiento para que lo adapte al contenido de la Sentencia. Si no lo hace y
lo aprueba definitivamente la Sentencia podría ser otro argumento más para que
ese documento sea recurrido, que se une a otros muchos ya que trata de un
documento que incumple clamorosamente diversas normas como se puede ver en este
Enlace...
Se argumenta por
parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía el valor del edificio y las
subvenciones concedidas que rondaría los tres millones de euro s, así como el
coste del derribo, para legalizar la Escuela. De prosperar esas pretensiones,
estaríamos en el mismo discurso de apoyo a los desmanes urbanísticos, una
promesa de impunidad a los delincuentes y una connivencia con la corrupción
urbanística. Si se quisiera atajar la corrupción y los desmanes urbanísticos,
debe ejecutarse la sentencia de demolición del edificio ilegalmente construido
.
Además, la Sentencia
del Supremo podría reactivar los motivos que llevaron a la Fiscalía de Medio
Ambiente, Patrimonio Histórico y Delitos Urbanísticos a presentar en 2009 una
querella contra el alcalde, concejales y técnicos por otorgar licencia para la
construcción del edificio ilegal. ( http://habitablesdevalencina.blogspot.com.es/2009/09/180909-diario-de-sevilla-castilleja-de.html
).
Conviene recordar la
larga lista de desmanes urbanísticos en Castilleja de Guzmán que se pueden leer
en el primer punto de las Alegaciones de ADTA al PGOU
provisional (archivo pdf, 4.2 Mb). Fue el primer pueblo de Andalucía
al que se le retiraron las competencias urbanísticas (mucho antes que a
Marbella), tuvo el 35% de sus viviendas en situación de ilegalidad, la empresa
que ha construido más del 50% de las viviendas del municipio –denominada
paradójicamente Control Urbanístico S.A.- fue sancionada con más de 2,8
millones de euros, por infracciones urbanísticas muy graves cometidas en este
municipio, y su gerente condenado judicialmente por falsedad documental. Sobre
un anterior arquitecto técnico municipal (J.D.M.Q.) reca yeron varias condenas
judiciales de inhabilitación, prisión y multa por emitir informes irregulares.
La Fiscalía advirtió al Ayuntamiento que su nuevo PGOU podría incurrir en
delito urbanístico, caso de aprobarse definitivamente tal y como está
redactado. El Informe de Incidencia Territorial que emitió en febrero de 2007
la Junta de Andalucía al documento de aprobación inicial del PGOU revela severas
deficiencias y carencias. La Junta de Andalucía ha debido obligar a reponer la
protección de la una amplia zona de Suelo No Urbanizable, que habían
desprotegido manipul ando datos y planos...
La ciudadanía del
Aljarafe puede tener la satisfacción de que con esta orden judicial se corta la
secuencia de ilegalidades que avanzaban por la senda del despilfarro y la
insostenibildad, permitiendo volver a ir por la senda de la sensatez y la
sostenibilidad. El incumplimiento del planeamiento urbanístico democráticamente
acordado es despilfarro; violentar la razón técnica y administrativa es
despilfarro; gastar fondos públicos en proyectos sin base sólida es
despilfarro; usar torticeramente argumentos relacionados con el bien común es
despilfarro. Y los responsables de todo este despilfarro deberían pagar las
consecuencias y devolver (aunque sea parcialmente) los bienes despilfarrados.
Sentencia del Tribunal Supremo
sobre la Escuela de Hosteleria (archivo pdf, 0,04 Mb)
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