04/11/14 Comunicado de las Asociaciones: ADTA , Los Dólmenes , Valencina Habitable , Ateneo de Valencina y Asociación Forestier de Castilleja de Guzmán


El Supremo confirma el derribo de la Escuela de Hostelería de Castilleja de Guzmán.

El alcalde bordea el desacato e inicia otro intento para su legalización modificando de nuevo el planeamiento, la vía que el Supremo ha desautorizado

Podría ser acusado de prevaricación, junto a los concejales que le secunden

31-10-2014 Comunicado de las Asociaciones: ADTA , Los Dólmenes , Valencina Habitable , Ateneo de Valencina y Asociación Forestier de Castilleja de Guzmán

El Tribunal Supremo ha confirmado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2012 , por la que se estima que debe procederse a la demolición de la ilegalmente construida Escuela de Hostelería de Castilleja de Guzmán, por ubicarse en zona verde. La sentencia culmina una larga lucha de los vecinos por defender la legalidad urbanística.
El alcalde Carmelo Ceba, ya ha anunciado que intentará que se legalice la Escuela mediante la aprobación definitiva del PGOU, que fué enviado a la Junta de Andalucía hace casi un año. Laa Junta de Andalucía deberá devolver el documento al Ayuntamiento para que lo adapte al contenido de la Sentencia. Si no lo hace y lo aprueba definitivamente la Sentencia podría ser otro argumento más para que ese documento sea recurrido, que se une a otros muchos ya que trata de un documento que incumple clamorosamente diversas normas como se puede ver en este Enlace...

Se argumenta por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía el valor del edificio y las subvenciones concedidas que rondaría los tres millones de euro s, así como el coste del derribo, para legalizar la Escuela. De prosperar esas pretensiones, estaríamos en el mismo discurso de apoyo a los desmanes urbanísticos, una promesa de impunidad a los delincuentes y una connivencia con la corrupción urbanística. Si se quisiera atajar la corrupción y los desmanes urbanísticos, debe ejecutarse la sentencia de demolición del edificio ilegalmente construido .

Además, la Sentencia del Supremo podría reactivar los motivos que llevaron a la Fiscalía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Delitos Urbanísticos a presentar en 2009 una querella contra el alcalde, concejales y técnicos por otorgar licencia para la construcción del edificio ilegal. ( http://habitablesdevalencina.blogspot.com.es/2009/09/180909-diario-de-sevilla-castilleja-de.html ).

Conviene recordar la larga lista de desmanes urbanísticos en Castilleja de Guzmán que se pueden leer en el primer punto de las Alegaciones de ADTA al PGOU provisional (archivo pdf, 4.2 Mb). Fue el primer pueblo de Andalucía al que se le retiraron las competencias urbanísticas (mucho antes que a Marbella), tuvo el 35% de sus viviendas en situación de ilegalidad, la empresa que ha construido más del 50% de las viviendas del municipio –denominada paradójicamente Control Urbanístico S.A.- fue sancionada con más de 2,8 millones de euros, por infracciones urbanísticas muy graves cometidas en este municipio, y su gerente condenado judicialmente por falsedad documental. Sobre un anterior arquitecto técnico municipal (J.D.M.Q.) reca yeron varias condenas judiciales de inhabilitación, prisión y multa por emitir informes irregulares. La Fiscalía advirtió al Ayuntamiento que su nuevo PGOU podría incurrir en delito urbanístico, caso de aprobarse definitivamente tal y como está redactado. El Informe de Incidencia Territorial que emitió en febrero de 2007 la Junta de Andalucía al documento de aprobación inicial del PGOU revela severas deficiencias y carencias. La Junta de Andalucía ha debido obligar a reponer la protección de la una amplia zona de Suelo No Urbanizable, que habían desprotegido manipul ando datos y planos...

La ciudadanía del Aljarafe puede tener la satisfacción de que con esta orden judicial se corta la secuencia de ilegalidades que avanzaban por la senda del despilfarro y la insostenibildad, permitiendo volver a ir por la senda de la sensatez y la sostenibilidad. El incumplimiento del planeamiento urbanístico democráticamente acordado es despilfarro; violentar la razón técnica y administrativa es despilfarro; gastar fondos públicos en proyectos sin base sólida es despilfarro; usar torticeramente argumentos relacionados con el bien común es despilfarro. Y los responsables de todo este despilfarro deberían pagar las consecuencias y devolver (aunque sea parcialmente) los bienes despilfarrados.



 

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