Los denunciantes de la escuela de hostelería reclaman que los suelos se destinen a zona verde
CASTILLEJA DE GUZMÁN (SEVILLA), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de vecinos de Castilleja de Guzmán (Sevilla) que elevó a la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico las obras de la escuela de hostelería, por las cuales el Ministerio público se ha querellado contra el alcalde, Carmelo Ceba (PSOE), reclamó hoy que los suelos afectados por el proyecto y catalogados como espacios libres según las normas subsidiarias de 2001 sean destinados a la instalación de zonas verdes y parques.
Un portavoz del colectivo dijo a Europa Press que desde que se colocase "la primera piedra" de este complejo promovido por la Consejería de Empleo, la Mancomunidad para el Fomento y el Desarrollo del Aljarafe y el Ayuntamiento, estos vecinos reclamaron al alcalde y a la Administración andaluza la "paralización" de las obras, dado que el complejo había comenzado a edificarse en unos terrenos declarados "espacios libres" por las normas subsidiarias del planeamiento urbano.
"Esto se podría haber evitado", dijo este portavoz después de que la Fiscalía se haya querellado contra el alcalde, el arquitecto municipal Ventura V.V. y el arquitecto redactor del PGOU, Juan Carlos M.Z., así como contra los concejales que el 31 de enero de 2008 firmaron el acuerdo de la Junta de Gobierno que concedía licencia de obra a Mego S.A., para edificar una escuela de hostelería en suelos de los planes parciales uno y tres.
Lamentando que el alcalde hiciera "caso omiso" a estos requerimientos, que incluso fueron elevados al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, este colectivo reclamó que se restituya el uso original de estos suelos y sean destinados a la instalación de parques y zonas verdes en el casco urbano de este municipio aljarafeño.
La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico ha atisbado un posible delito en el proyecto, porque las normas subsidiarias aprobadas en 2001 catalogaban estos suelos como "espacios libres", siendo "ilegal todo acto de construcción que contradijera tal uso", así como la superación del límite del 50 por ciento estipulado en cuando a la edificabilidad de estos terrenos.
Por eso, se querella la Fiscalía también contra los citados arquitectos, por emitir informes favorables al proyecto y avalar que la iniciativa no infringía las normas subsidiarias. Al respecto, esgrime el Ministerio Público el resultado de dos inspecciones cursadas por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, cuyos técnicos consideran que "el uso docente de la escuela no está permitido en los terrenos donde se ubica" y que el porcentaje de suelo ocupado se eleva al 72,19 por ciento.
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