Los distintos agentes sociales, económicos e institucionales en un territorio deberían ejercer papeles acordes con aquellos intereses que están obligados a defender. Pero,¿qué sucede cuando eso no es así, y todos parecen empujar en la misma dirección? Alrededor de un patrimonio único y universal como el dolmen de Montelirio podemos ver como las promotoras inmobiliarias aceleran los plazos y financian los equipos de arqueólogos para que levanten los restos con la mayor celeridad posible. El tiempo es oro, es el lema del ladrillo. La Delegación Provincial de Cultura certifica esas prisas, se apresura en quitarle valor a los restos que van apareciendo, y acepta la reducción del perímetro del dolmen, a pesar de que hay un informe en contra, que misteriosamente no aparece en el expediente. La Delegación de Obras Públicas, que debería liderar el proceso de defensa del modelo urbanístico del POTA, no hace público el Informe de Incidencia Territorial de Castilleja de Guzmán; y el alcalde empuja a todos para que no se detenga la construcción en el entorno del dolmen de un greriátrico, un supermercado y una urbanización. Cuando quien tiene que responsabilizarse de defender ese patrimonio y los derechos de la ciudadanía, no lo hace; hay instancias superiores, como la presidencia de la Junta y la Consejera de Cultura, que deben lervantar la voz, para no ser parte de esta extraña alianza de intereses. ¿Quien la pone el cascabel al gato?
MANUEL SANDINO LÓPEZ
Publicada en ABC el 24/08/07
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